Caso Coppel

A casi un año de la muerte de Yolanda Ma. Cevallos Coppel, las autoridades aún no realizan la reconstrucción de hechos. No han detenido a los presuntos secuestradores y sólo hay un procesado por la muerte de dos policías que participaron en el fallido operativo de rescate

Ciudad de México | Jueves 01 de julio de 2010

DETENIDOS Cuatro varones serán trasladados al Reclusorio Norte y tres mujeres al Centro Femenil de Santa Martha Acatitla, por el secuestro 

A un año del deceso de la señora Yolanda María Cevallos Coppel, la Procuraduría de Justicia del

Distrito Federal (PGJDF) tiene varios pendientes en el caso.

Hacer el manual para el Grupo Especial de Reacción e intervención (GERI) y para la Fiscalía Antisecuestros (FAS), del cual ya hay un adelanto, y el peritaje de cómo sucedieron los hechos en los que perdió la vida la señora Cevallos Coppel, son algunos de los vacíos en la investigación.
En el informe del caso presentado por el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, se indica que el Ministerio Público solicitó 70 años de prisión para los secuestradores de la víctima.
Así fue pedido al juez 38 de lo Penal, al presentar sus conclusiones.

A la Procuraduría capitalina le falta aun detener a otros tres participantes en el plagio, de los que sólo se conocen sus apodos: El Jipo, El Guasón y El Pelón.

También a un año, que se cumple mañana, ningún funcionario ha sido destituido o inhabilitado.

A la fecha no hay nadie procesado por la muerte de la señora Coppel, pero sí por la muerte de los dos agentes del GERI que fallecieron en el marco del operativo de rescate, al igual que otro plagiario. Se trata de Mario Reyes Ramírez, uno de sus colegas, quien es enjuiciado.
Aún hace falta la reconstrucción de los hechos, la presentación de conclusiones y la sentencia definitiva.

En cuanto al ex comandante Erasmo de la Rosa y Rodolfo Servín Castañeda, acusados de ejercicio ilegal del servicio público, siguen bajo proceso.

Respecto a la mecánica de hechos, el próximo lunes arribará a la ciudad de México un perito de la ONU, elegido por la familia, para esclarecer cómo sucedieron los hechos y el uso dado a las armas.

Henrique Madureira Riviero, de nacionalidad portuguesa, tendrá el objetivo de esclarecer el grado de participación de las personas involucradas.